Estatuto comunidad de madrid

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El 19 de mayo de 2018 entró en vigor la Ley 2/2018, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid, que regula la posibilidad de realizar las unidades de ejecución urbanística en distintas fases.
Si bien los artículos 20 y 135 de la Ley 9/2001, de 17 de julio de 2011, de Suelo de la Comunidad de Madrid («RLLCM») establecieron el marco de los desarrollos urbanísticos a través de unidades de ejecución urbanística, lo cierto es que no reguló la posibilidad de desarrollar dichas unidades de ejecución urbanística en distintas fases ni tampoco la posibilidad de otorgar las correspondientes licencias de primera ocupación.
A diferencia del RLLCM, el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, de Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y ejecución de la Ley de Suelo Urbano («UMR»), prevé expresamente la posibilidad de otorgar licencias de primera ocupación una vez que se haya producido la recepción de una parte de las obras de urbanización dentro de una unidad de ejecución.
A pesar de las diferencias entre el RLLCM y la UMR, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado recientemente varias sentencias rechazando la concesión de licencias de primera ocupación a fases que integran una unidad de ejecución cuyas obras de urbanización han finalizado. El Tribunal se basa en los artículos 20 y 135 del RLLCM.

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La Comunidad de Madrid (inglés: /məˈdrɪd/;[3] español: Comunidad de Madrid Pronunciación en español:  [komuniˈðað ðe maˈðɾið] (escuchar)) es una de las diecisiete comunidades autónomas de España. Está situada en el centro de la Península Ibérica y de la Meseta Central. Su capital es la ciudad de Madrid, que es también la capital del país. La Comunidad de Madrid limita al sur y al este con Castilla-La Mancha y al norte y al oeste con Castilla y León. Se creó formalmente en 1983, a partir de los límites de la provincia de Madrid, que hasta entonces se incluía convencionalmente en la región histórica de Nueva Castilla.
La Comunidad de Madrid es la tercera más poblada de España, con 6.661.949 (2019) habitantes concentrados mayoritariamente en el área metropolitana de Madrid[4], y es también la comunidad autónoma más densamente poblada. En términos absolutos, la economía madrileña es, desde 2018, ligeramente superior en tamaño a la de Cataluña[5] Madrid tiene el mayor PIB per cápita del país[6].

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El autor agradece a la profesora Ana Mercedes López Rodríguez, Directora del Departamento de Derecho y Profesora Titular de Derecho Privado de la Universidad Loyola Andalucía, sus útiles sugerencias.
La Guerra de la Independencia suscitó un nuevo sentimiento de nacionalismo español e impulsó un esfuerzo por acabar con la monarquía absoluta del país. En 1810, las Cortes se reunieron en la ciudad de Cádiz para abordar la situación política del país y redactar la primera Constitución de España (la «Constitución de Cádiz»). Entre otras estipulaciones, la Constitución de Cádiz (aprobada el 19 de marzo de 1812) exigía la codificación del derecho privado español[3] Sin embargo, la larga tradición de derecho foral del país dificultó los intentos de crear un código civil unificado; hasta 1889 no entró en vigor el primer código civil español[4]. [Este código, muy influenciado por el Código Napoleón de Francia, «sistematizó el derecho civil español preservando el uso de las leyes forales»[5] Aunque fue modificado y reformado a lo largo de los años, el código civil de 1889 sigue vigente.

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