Deuda de las comunidades autónomas

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Esta cantidad representó el año pasado el 8,3% de los préstamos pendientes de pago de las comunidades autónomas por parte del Gobierno central. Pero la tendencia ya había comenzado en 2019 (véase el gráfico 1). Aunque muchos de los préstamos llevaban tipos de interés tan bajos como el 0,8% anual, las regiones han podido refinanciarlos a tipos de interés del 0% o incluso en algunos casos negativos, consiguiendo un importante ahorro de intereses. Hasta la fecha se han producido más operaciones de refinanciación en 2021, aunque por un importe inferior.
En los últimos años, el importe de los bonos a largo plazo en circulación ha ido disminuyendo desde que las regiones refinanciaron la mayor parte de su deuda vencida a través de las facilidades de liquidez del Gobierno central. Madrid, el País Vasco y Navarra han sido emisores habituales a lo largo de la última década, mientras que algunas otras regiones (Andalucía, Galicia, Castilla la Mancha, Asturias y Castilla León, por ejemplo) han vuelto al mercado de bonos. Gráfico 2
Estas emisiones no han sido suficientes para compensar totalmente las emisiones de bonos que vencían, es decir, hasta 2020, año en el que empezó a producirse una recuperación del volumen total de bonos en circulación. Algunas regiones como Madrid, el País Vasco y Andalucía han seguido emitiendo bonos sostenibles, ampliando así su base de inversores, tanto en lo que respecta a la naturaleza de los mismos como a su huella geográfica. Los bonos regionales suelen tener plazos largos y tipos de interés muy bajos. Para la mayoría de las regiones españolas, la proporción de financiación basada en bonos sigue estando bastante lejos de los niveles máximos de 2011 (véase el gráfico 3). Madrid y el País Vasco han mantenido o incluso aumentado la proporción de bonos en sus carteras de deuda global. Navarra, aunque sigue siendo un emisor activo, también ha obtenido financiación bancaria en los últimos años, lo que ha provocado un descenso relativo general de los bonos en su cartera de deuda. Gráfico 3

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En España, una comunidad autónoma es una división política y administrativa de primer nivel, creada de acuerdo con la Constitución Española de 1978, con el fin de garantizar una autonomía limitada de las nacionalidades y regiones que la componen[1][2][3].
España no es una federación, sino un país unitario descentralizado[4][5].[1] Si bien la soberanía recae en la nación en su conjunto, representada en las instituciones centrales de gobierno, la nación ha transferido, en grados variables, el poder a las comunidades, que, a su vez, ejercen su derecho al autogobierno dentro de los límites establecidos en la constitución y en sus estatutos de autonomía[1] Cada comunidad tiene su propio conjunto de competencias transferidas; normalmente, aquellas comunidades con un nacionalismo local más fuerte tienen más competencias, y este tipo de transferencia se ha denominado asimétrica. Algunos estudiosos se han referido al sistema resultante como un sistema federal en todo menos en el nombre, o una «federación sin federalismo»[6].
Hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas que se conocen colectivamente como «autonomías»[i] Las dos ciudades autónomas tienen derecho a convertirse en comunidades autónomas, pero ninguna lo ha ejercido todavía. Este marco único de administración territorial se conoce como «Estado de las Autonomías»[ii].

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España está formada por 17 comunidades autónomas (CCAA), 50 provincias, 8.131 municipios y dos ciudades autónomas. Es un país muy descentralizado, con una parte importante de las competencias de gasto transferidas a las CCAA.
La Constitución española de 1978 garantiza el derecho de autogobierno a las CCAA y una considerable autonomía financiera. También concede a las provincias y a los municipios autonomía en la gestión de sus respectivos intereses. El Real Decreto Legislativo 2/2004 estableció las bases del sistema de financiación local. Las CCAA se dividen en dos grupos que se rigen por el régimen ordinario y el régimen foral. La seguridad social, sin embargo, es competencia del gobierno central (artículo 41 de la Constitución). Las principales normas fiscales se establecieron en las leyes de estabilidad presupuestaria de 2001 y 2006 y, recientemente, en la histórica reforma de 2012, que incluyó una enmienda a la Constitución, que limita la capacidad de endeudamiento de las CCAA.
En España, la participación del gasto subnacional en el gasto público total fue del 51% en 2018; la de las CCAA ascendió al 36%, y la de las provincias y municipios al 15%. Mientras que la participación de las provincias y los municipios se ha mantenido casi igual desde el año 2000, con un ligero aumento desde la crisis financiera de 2008, la participación de las CCAA ha fluctuado a lo largo de los años desde entonces. Esto se debe a las medidas de austeridad del Gobierno central y al impacto del gasto social. Desde entonces, los gastos de las CCAA son relativamente más importantes.

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La semana pasada el Tesoro español se estrenó en la emisión de deuda verde. Sin embargo, las comunidades autónomas llevan la delantera. De hecho, estas regiones han aprovechado el reciente apetito por este tipo de deuda para financiarse a tipos favorables y, de paso, reducir su dependencia de la financiación del Gobierno central.
Como se cuenta en un análisis de Scope Ratings, los préstamos soberanos se convirtieron en la principal fuente de financiación de las regiones españolas cuando la crisis de la deuda de la zona del euro dificultó el acceso a los mercados de capitales. En los últimos años, las regiones que cumplen los objetivos fiscales fijados por el Gobierno central han vuelto gradualmente a los mercados de capitales para sustituir parte de la deuda contraída con el Gobierno central y beneficiarse del descenso de los costes de los intereses.
De hecho, el año pasado marcó la primera vez que la parte agregada del sector regional de la deuda con el gobierno central cayó, disminuyendo al 58,9% desde el 61,1% en 2019. El importe de la deuda obtenida con financiación estatal también ha disminuido por primera vez en términos absolutos, hasta 178.900 millones de euros en 2020, frente a los 180.200 millones de euros de 2019.

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