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En 2003, Alex regresó a España y se convirtió en socio del departamento Inmobiliario y Mercantil de un despacho local y posteriormente se incorporó a Irwin Mitchell abogados, parte de Irwin Mitchell LLP en septiembre de 2008 como responsable de Inmobiliario y Cliente Privado. Tras la fusión entre Irwin Mitchell abogados y Cremades & Cavlo Sotelo abogados en octubre de 2013 Alex decidió incorporar esta firma con compañeros de Irwin Mitchell abogados.
Rosario se incorporó a Irwin Mitchell Abogados en 2010 como responsable del departamento de Litigios en Málaga, y continuó al frente de este departamento tras la fusión con Cremades & Calvo Sotelo abogados en 2013. Sus áreas de especialización incluyen litigios comerciales y patrimoniales, derecho de familia, ejecución de sentencias y órdenes judiciales extranjeras, acciones colectivas y litigios en general. Se le encarga regularmente que actúe como perito en tribunales fuera de España y trabaja estrechamente con colegas de otras jurisdicciones en una amplia gama de asuntos, incluyendo disputas transfronterizas, divorcios, asuntos de lesiones personales y litigios comerciales.

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El Grado en Derecho (en España) es el título académico que se otorga a quienes han superado un proceso de estudios de Derecho en una universidad o institución de estudios superiores. No debe confundirse con la Licenciatura en Derecho.
Según el artículo 17 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueban las normas establecidas por la LAC, el examen es escrito y consta de dos partes que se realizan el mismo día. El primer ejercicio consiste en una prueba objetiva de respuestas múltiples y el segundo ejercicio de la evaluación consistirá en la resolución de un supuesto práctico previamente elegido por el aspirante entre varias alternativas.
1. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales, como colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad.