Presidente consejo general poder judicial

El control judicial en españa

El Consejo General del Poder Judicial tiene atribuida constitucionalmente la facultad de inspeccionar y supervisar todos los juzgados y tribunales con el fin de controlar y verificar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.
El Servicio de Inspección es el órgano técnico a través del cual el Consejo General del Poder Judicial ejerce estas competencias, sin perjuicio de las facultades de inspección atribuidas al Presidente del Tribunal Supremo y a los órganos de gobierno de los distintos Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional. Tiene su sede en Madrid.
Así, el Servicio de Inspección es un órgano técnico del CGPJ que realiza la verificación y el control del funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia bajo los auspicios de la Comisión Permanente del CGPJ. Está contemplado en el apartado 1.8 del artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Realiza estas funciones mediante la realización de actuaciones y visitas de inspección decretadas por el Consejo, todo ello sin perjuicio de la competencia de los órganos de gobierno de los Juzgados y en coordinación con éstos (artículos 560 y 615 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Constitución 78

El sistema judicial indio está totalmente gestionado y administrado por funcionarios del servicio judicial, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando los funcionarios de la administración pública también formaban parte del sistema judicial. La expresión servicio judicial significa un servicio formado exclusivamente por personas destinadas a ocupar el puesto de juez de distrito y otros puestos judiciales civiles inferiores al puesto de juez de distrito[5] Los Jueces de la Judicatura Subordinada son nombrados por el gobernador por recomendación del Tribunal Superior. Los jueces de los Tribunales Superiores y del Tribunal Supremo son nombrados por el Presidente de India por recomendación de un colegiado. El sistema judicial de India se clasifica en tres niveles con partes subsidiarias.
El Tribunal Supremo, también conocido como Tribunal Apex, es el máximo tribunal y la última instancia de apelación en India, y el Presidente del Tribunal Supremo de India es su máxima autoridad. Los Tribunales Superiores son los máximos órganos judiciales de los estados, controlados y dirigidos por los Presidentes de los Tribunales de los Estados. Por debajo del Tribunal Superior se encuentran los Tribunales de Distrito, también conocidos como tribunales subordinados, controlados y gestionados por los Jueces de Distrito y de Sesiones. El sistema de tribunales subordinados se clasifica a su vez en dos: el tribunal civil, cuyo jefe es un subjuez, seguido por el tribunal munsif en el nivel inferior, y el tribunal penal, dirigido por el Chief Judicial/Metropolitan Magistrate en el nivel superior y seguido por el ACJM /ACMM & JM/MM en el nivel inferior.

Magistrado español

Fernando González Urbaneja | En Europa conocemos casos en los que los gobiernos han estado bloqueados hasta un año o más y los estados han seguido funcionando con razonable normalidad. Holanda, Bélgica, Italia e incluso Alemania han mantenido bloqueos para formar gobiernos de coalición durante muchos meses. Lo mismo ocurrió en España durante la agonía/anomalía electoral de 2019, así que ya tenemos experiencia. Pero que estas dificultades se trasladen del ejecutivo a otros poderes no es frecuente.
Los mil días de bloqueo en las sustituciones obligatorias del poder judicial y más de un año de tres miembros del Tribunal Constitucional, incluidos el presidente y la vicepresidenta, constituyen una anomalía democrática, un incumplimiento constitucional y una evidencia de que las cosas van mal, de que los políticos no son capaces de hacer lo que deben.
Varios intentos de cerrar un acuerdo por la vía tradicional para renovar el gobierno de los jueces han fracasado en el tramo final por errores de apreciación y de propósito; errores graves en todos los casos por intolerancia y/o cálculos de influencia injustificables y, en muchos casos, mal fundados. Los dos partidos del gobierno central han fracasado, no han sido capaces de componer una lista suficiente. Han fallado en la forma y en el fondo, lo que no es raro, ya que en casos anteriores tampoco fue fácil llegar a un acuerdo. Pero en esta ocasión se han superado todos los límites.

Tribunal supremo españa

BarcelonaEl PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para renovar a los miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, cuyos mandatos habían expirado. Se espera que en los próximos días se anuncien los nombres de las personas que tomarán el relevo. Pero al mismo tiempo, ambos partidos también se han acercado a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró hace tres años. La interinidad de este órgano, que decide, entre otras cosas, los nombramientos de los jueces, es especialmente escandalosa porque ha permitido al PP mantener una mayoría conservadora que actualmente no refleja la composición del Parlamento español. El Consejo General debe ser renovado por higiene democrática.
De hecho, el PP es el principal culpable del bloqueo, porque siempre que se ha intentado la renovación, e incluso cuando había un pacto con el PSOE, se ha echado atrás con diferentes excusas. La primera fue en 2018, cuando se filtró un infame mensaje de WhatsApp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. En él explicaba a sus compañeros de partido que con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del órgano controlarían «desde atrás» la sala segunda del Tribunal Supremo (la que juzga los casos de corrupción del PP). Después ha habido otros intentos frustrados, como el que denunció la ex portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, antes de que fuera desestimado. Pablo Casado siempre ha temido el pacto por la reacción de Vox y Cs, que le acusan de compartir el botín con Sánchez.

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