▷ Ley 71985 de 2 abril | Actualizado noviembre 2024

law 27/2013

The seriousness of the matter does not admit delay and much less so when, due to the new territorial configuration of the State, the new Autonomous Communities are waiting, some impatiently, for the State to draw the defining guidelines of these Entities in order to immediately proceed with the exercise of the powers that their brand new Statutes entrust to them.
Nevertheless, the initially egalitarian participation of the totality of the neighbors in the municipal government was neither maintained in all its purity nor was it very lasting. The acceptance of the criteria of stratification, to which were added the marked differences in wealth that commercial prosperity caused among the neighbors in certain cities, did not favor the perpetuation of municipal democracy. The juridical translation of social distinctions based on class (or economic) introduced a powerful seed of disunity within the populations, engendered incessant convulsions and plunged the municipalities into a situation of permanent crisis.

40/2015

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When the municipality justifies to the Provincial Council that it can provide these services with a lower effective cost than the one derived from the form of management proposed by the Provincial Council or equivalent entity, the municipality may assume the provision and coordination of these services if the Provincial Council considers it accredited.
When the Provincial Council or equivalent entity assumes the provision of these services, it will pass on to the municipalities the effective cost of the service according to its use. If these services are financed by fees and the Diputación or equivalent entity assumes the provision of these services, the fee for the financing of the services shall be allocated to the Diputación or equivalent entity.
3. The assistance of the Diputaciones or equivalent entities to the Municipalities, as provided for in Article 36, shall be directed preferably to the establishment and adequate provision of minimum services.

ebep

La importancia del registro paleontológico es innegable; los fósiles pueden ser apreciados por sus valores científicos, sociales, estéticos o educativos. Algunos países han centrado sus esfuerzos en garantizar la conservación a largo plazo de sus recursos paleontológicos. Sin embargo, estos procedimientos son a menudo ambiguos y poco claros, lo que dificulta el objetivo principal de conceder protección a los recursos fósiles a largo plazo.
El concepto de «patrimonio» tiene su origen en el derecho romano; el patrimonio implica «un conjunto de bienes heredables de los padres, en un sentido amplio. Debe ser conservado para las personas presentes y futuras, lo que impone cargas y deberes, y restringe su disponibilidad» (García Pimienta, 2018). El reconocimiento del patrimonio implica que a estos bienes se les imputen valores y significados relevantes para el desarrollo de la sociedad (Giles Pacheco y Mata Almonte, 2018). Bajo esta consideración, el patrimonio paleontológico implica la preservación a largo plazo, involucrando a las generaciones futuras como administradores en su gestión, uso y consecución.

ley 57 2003 de 16 de diciembre

El 7 de junio de 1985, el demandante-apelante Agustín Binay presentó una demanda contra el demandado-apelado Ernesto Castillo por reintegro, pago de acciones, daños y perjuicios y requerimiento ante el Juzgado Regional de Primera Instancia, Sucursal 57, Iriga City.
El 29 de agosto de 1985, el demandado-apelado, en su respuesta con reconvención, negó las reclamaciones del demandante-apelado e interpuso como defensa que la presente demanda carece de fundamento, es frívola y ficticia y fue presentada simplemente para molestar, acosar y avergonzar al demandado-apelado; que el demandante-apelado no tiene una causa válida de acción contra el demandado-apelado, ya que no hubo una demanda previa antes de la presentación de la presente demanda. Y a modo de reconvención obligatoria, el demandado-apelado alegó que por la mera presentación de una denuncia falsa por parte del demandante-apelado, éste sufrió angustia mental, ansiedad grave, reputación mancillada, sentimientos heridos, choque moral y humillación social, por lo que el demandante-apelado debe indemnizar al demandado-apelado en la cantidad que se pruebe ante el Honorable Tribunal; y también daños y perjuicios ejemplares o correctivos en la cantidad que también determine el Honorable Tribunal a modo de ejemplo o corrección para el bien público; y debido a la presentación de dicha queja injustificada, el demandado-apelado se vio obligado a contratar los servicios de un abogado con el que ha acordado pagar los honorarios de los abogados y los honorarios de comparecencia en la cantidad que se pruebe ante el Honorable Tribunal y los gastos del litigio (pp. 10-13, Registro).